Drones armados, contra-drone y facciones: el dilema regulatorio de la seguridad pública en Brasil
Un análisis serio que conecta el proyecto de ley de drones armados aprobado en comisión, la respuesta contra-drone de la Policía Civil y el uso de UAS por parte de facciones criminales, con foco en el vacío regulatorio y la tecnología C-UAS.
En octubre de 2024, un DJI Matrice adaptado con un artefacto explosivo improvisado cayó en el patio de una casa en Pedro Leopoldo (Minas Gerais) sin detonar. El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los drones armados en Brasil y dejó claro que el uso criminal de aeronaves no tripuladas ya no es apenas una hipótesis. Mientras tanto, el marco legal todavía intenta ponerse al día con la evolución del riesgo.
Durante 2024 y 2025, el uso criminal de drones ganó protagonismo en las discusiones sobre seguridad pública en Brasil. Al mismo tiempo, distintas propuestas legislativas empezaron a abordar tanto el empleo de estas aeronaves por parte del Estado como la responsabilización penal por su uso criminal.
En la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley Complementaria 36/2025 propone reglas para el empleo de VANT, aeronaves pilotadas a distancia y drones por parte de órganos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. El texto aprobado en comisiones contempla, en situaciones excepcionales, la posibilidad de usar armamento acoplado a los drones, además de normas para operaciones policiales, protección de datos y neutralización de aeronaves usadas en la práctica de delitos.
En el Senado, el PL 3.611/2021 también trata sobre el uso de drones por órganos de seguridad pública y sigue en trámite en la Comisión de Seguridad Pública. En la Cámara, el PL 2.798/2026 propone aumentar las penas para delitos cometidos con drones y equiparar los drones armados o modificados para causar daño a las armas de fuego de uso restringido o prohibido.
El escenario, por lo tanto, no depende de una sola propuesta. El debate legislativo brasileño abarca al menos varios frentes: la regulación del uso estatal de drones, el empleo de armamento, el combate al uso criminal de las aeronaves y la definición de las responsabilidades de los operadores.
Qué son los drones armados en Brasil y qué cambia con el PL 128/2022
Los drones armados son aeronaves no tripuladas (UAS) equipadas con carga cinética, química o electrónica capaz de neutralizar objetivos. Pueden incluir granadas de efecto moral, munición real, sistemas dispersores y jammers embarcados. En Brasil, su uso por parte de agentes públicos entra en un terreno regulatorio complejo: la ANAC (autoridad de aviación civil) regula la operación civil, el DECEA controla el espacio aéreo, y el empleo armado por fuerzas policiales exige reglas específicas.
El PL 128/2022 intenta llenar parte de ese vacío. El texto autoriza el empleo por parte de la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, las policías civiles y militares, la Fuerza Nacional y las Fuerzas Armadas, condicionado a protocolos de uso de la fuerza y a entrenamiento certificado. No define fabricante, homologación técnica ni interoperabilidad con sistemas de tráfico aéreo como el UTM. Por eso, todavía dependería de reglamentación y procedimientos operativos para funcionar en la práctica.
Facciones y el nuevo teatro aéreo del crimen organizado
Antes de un marco legal específico, el problema ya empezó a aparecer en operaciones de seguridad. Informes del Foro Brasileño de Seguridad Pública y decomisos documentados por la Policía Civil de Río de Janeiro muestran el uso de drones adaptados para reconocimiento, transporte de materiales y acciones contra grupos rivales.
El patrón descrito involucra drones de diferentes clases y fabricantes, modificados con estructuras para transportar granadas artesanales, cargas explosivas o paquetes de drogas entre penales. La operación en el Complexo da Maré, en febrero de 2025, habría resultado en la incautación de 14 UAS modificados en una sola incursión.
Las funciones atribuidas a estos equipos incluyen:
- Reconocimiento aéreo en tiempo real de operaciones policiales, incluso con uso de FPV para monitorear vehículos blindados;
- Ataques contra posiciones policiales y comunidades rivales;
- Logística de contrabando penitenciario, principalmente hacia unidades federales y estatales de máxima seguridad;
- Neutralización de drones policiales por colisión intencional o por técnicas artesanales de interferencia de señal.
La respuesta contra drones: qué opera hoy la Policía Civil
Mientras el PL avanza en el Congreso, las fuerzas estatales empezaron a buscar tecnología C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) por su cuenta. La Policía Civil de Río adquirió sistemas de detección por radiofrecuencia y jammers portátiles, mientras que São Paulo siguió un camino similar mediante convenio con la Policía Militar.
En la práctica, una arquitectura C-UAS opera en tres capas: detección, identificación y neutralización. La detección puede combinar radar, radiofrecuencia, sensores acústicos y sistemas ópticos. La identificación analiza la firma del protocolo, como DJI OcuSync, Lightbridge o Wi-Fi genérico. La neutralización, a su vez, puede involucrar jamming, spoofing, captura por red o acción cinética.
El problema es jurídico y operativo. El jamming es ilegal para civiles en Brasil y sigue siendo jurídicamente sensible cuando lo emplean las fuerzas policiales, pues Anatel todavía necesita establecer reglas específicas para su uso en seguridad pública. Por eso, utilizar un jammer contra una aeronave hostil exige protocolos claros para evitar interferencias indebidas.
Remote ID y UTM: el eslabón que Brasil aún no cerró
La identificación de aeronaves no tripuladas es uno de los puntos clave para la evolución de los sistemas de seguridad contra drones. En operaciones civiles, la capacidad de diferenciar una aeronave autorizada de una operación irregular puede reducir el riesgo de respuestas equivocadas.
En Brasil, el escenario regulatorio avanzó en 2026. El DECEA puso en vigor una nueva edición de la ICA 100-40, que reúne las reglas para aeronaves no tripuladas y el acceso al espacio aéreo, y también publicó la ICA 100-48, específica para la Gestión de Tráfico Aéreo No Tripulado (UTM).
Eso no significa, sin embargo, que todos los desafíos de identificación estén resueltos. Los sistemas C-UAS necesitan combinar información de tráfico, sensores e inteligencia operativa para evaluar una aeronave que esté sobrevolando un área sensible o que opere de manera irregular.
En entornos urbanos y cerca de aeropuertos, esa distinción es especialmente importante. Una respuesta contra una aeronave no autorizada debe considerar no solo la amenaza potencial, sino también la presencia de otras aeronaves, personas, infraestructura crítica y operaciones legítimas en las cercanías.
El vacío regulatorio en cuatro puntos
El nudo no está solo en el PL 128/2022. También involucra la falta de coordinación entre distintos órganos. Para que el uso de drones armados en Brasil avance con control, hay cuatro puntos que necesitan aclararse:
- Homologación técnica: definir cómo los UAS armados serían evaluados por la ANAC o por el órgano competente, evitando que cada fuerza compre equipos sin criterios comunes.
- Reglamentación de Anatel: establecer condiciones para jamming y spoofing por parte de las fuerzas de seguridad, con bandas autorizadas y protocolos de mitigación de interferencia.
- Procedimientos del DECEA: crear reglas para operaciones C-UAS en espacio aéreo controlado y en regiones cercanas a aeropuertos.
- Cadena de custodia y rendición de cuentas: determinar quién responde por una decisión de uso letal, ya sea el operador, el comandante u otra autoridad responsable.
Qué observar en los próximos meses
La tramitación del PL 128/2022 y sus eventuales reglamentaciones será uno de los principales puntos de atención. La cuestión central no es solo autorizar el uso de drones por parte de las fuerzas públicas, sino definir salvaguardas, entrenamiento, auditoría y límites de actuación.
También será importante seguir los procesos de licitación de sistemas C-UAS, las consultas públicas sobre Remote ID y las manifestaciones jurídicas sobre el uso de jamming por parte de órganos de seguridad. Adquirir tecnología sin una base operativa clara puede generar problemas de interoperabilidad, cuestionamientos judiciales y riesgos para la aviación civil.
El debate sobre drones armados en Brasil también involucra costos y capacidad técnica. Los sistemas avanzados de detección y neutralización pueden exigir inversión elevada, entrenamiento continuo y mantenimiento especializado. Por eso, una política federal coordinada tiende a ser más consistente que compras estatales aisladas y sin un estándar común.
Consideraciones finales
El debate sobre drones armados en Brasil se está dando después de que el problema ya llegó a las operaciones de seguridad. Las facciones adaptan aeronaves comerciales, mientras las policías tienen que responder con equipamiento, protocolos y una base legal adecuada.
El PL 128/2022 puede llenar parte de ese vacío, pero por sí solo no resuelve la homologación técnica, la interoperabilidad con sistemas de tráfico aéreo, la identificación remota ni la rendición de cuentas por el uso de la fuerza. Una respuesta C-UAS eficaz depende de la coordinación entre el Congreso, ANAC, Anatel, DECEA y las fuerzas de seguridad.
Sin esa integración, el país corre el riesgo de combinar tecnología avanzada con reglas incompletas. El resultado puede ser judicialización, interferencia en aeronaves tripuladas y operaciones difíciles de auditar. La discusión necesita avanzar con urgencia. Pero también con criterio técnico y control institucional.